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SOBRE EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS |
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Gobierno
prepara norma
para establecer consulta
La
Paz/LA Prensa
El Gobierno
prepara un reglamento que obligará a las
compañías petroleras a pedir permiso a los pueblos
originarios que habiten en lugares donde haya hidrocarburos, para
que éstas puedan explorar y explotar gas natural y
petróleo. Además, se evaluará la
incorporación del veto indígena que fue eliminado
en el Senado Nacional el 2005, porque temían que los
indígenas se nieguen a que se ejecuten actividades
petroleras en una región.
El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, informó a
La Prensa que YPFB también tendrá que acatar
la norma, una vez que ésta entre en
aplicación. El espíritu del proyecto de reglamento
establece que las empresas petroleras "no podrán realizar
operaciones de exploración ni explotación de
hidrocarburos en las áreas donde no se hizo una consulta
pública y abierta a los pueblos indígenas y originarios".
El proyecto trabaja sobre el derecho de consulta y una
comisión estudiará si se incorpora el derecho al
veto indígena. El reglamento es importante porque
ratificará el título VII de la Ley 3058 de
Hidrocarburos, especialmente, en sus artículos 114 y 115,
que garantizan el derecho de los pueblos campesinos,
indígenas y originarios a ser consultados por las
autoridades competentes del Gobierno sobre las iniciativas de
actividades petroleras en su territorio.
La disposición dará cumplimiento también al
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que establece el derecho a una consulta pública y
obligatoria. Bolivia ratificó su apoyo a esta norma
extranjera con la Ley 1257, sancionada por el Congreso Nacional el 11
de julio de 1991.
La norma establecerá también varios artículos que
preserven en medioambiente, la reforestación y la no tala
de árboles. Los ministerios de Desarrollo Rural y de
Hidrocarburos actualmente trabajan en el borrador de la
disposición. Luego, será remitido al Consejo de
Política Económica y Social (Conapes) para su respectiva
evaluación y, posteriormente, pasará al gabinete
ministerial.
Fuentes del sector petrolero aseguraron ayer que no se
pronunciarán mientras que el documento no esté terminado.
En 2005, cuando el Congreso Nacional debatía el proyecto de la
Ley 3058, las compañías petroleras objetaron la norma,
porque establecía el derecho a veto, que —según
dijeron— perjudicaba al sector. Sin embargo, para salvar la
polémica, los congresistas quitaron el "término
vinculante" a la consulta y con ello, el derecho a veto.
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